Boletín #3: Asuntos Públicos y Regulatorios | 2026
Boletín #3 2026
Como parte del trabajo en Asuntos Regulatorios y Públicos de la FBA LATAM, este boletín ofrece una visión actualizada de las principales tendencias que están marcando la agenda de infraestructura digital en América Latina y el Caribe. Se destaca el impulso a la simplificación regulatoria, la reducción de barreras y la generación de entornos más predecibles para fomentar la inversión y el despliegue de redes.
Asimismo, se abordan avances en futuras licitaciones de espectro, el rol estratégico de la fibra óptica en el crecimiento del ecosistema digital —especialmente en su vínculo con los data centers— y la creciente relevancia del componente energético como soporte de infraestructura crítica.
En este espacio, los lectores encontrarán una selección de normativa relevante por país, junto con noticias y novedades en políticas públicas, recopiladas con foco en los desarrollos más importantes del último mes en la región.
Resolución Interna Anatel n.º 526/2026: Modificación de la Política de Seguridad de la Información de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones – POSIN y establece otras medidas.
La Resolución Interna Anatel n.º 526/2026 modifica la Política de Seguridad de la Información de la Agencia para adecuar su gobernanza interna a reglas federales más recientes. En lo sustancial, redefine la autoridad competente para aprobar metodologías y procedimientos de seguridad de la información, formaliza quién ejercerá el rol de Gestor de Seguridad de la Información y ajusta funciones vinculadas a la actualización de la política, la gestión de riesgos y el tratamiento de vulnerabilidades. También deroga disposiciones previas de la política de gobernanza de TIC que quedaban superadas. La resolución no impone nuevas obligaciones regulatorias a operadores o prestadores, pero fortalece la estructura interna de Anatel en materia de seguridad de la información, mejora la claridad en la asignación de responsabilidades y refuerza su capacidad operativa para gestionar riesgos y activos críticos. En términos prácticos, esto puede traducirse en una Agencia más ordenada, resiliente y rigurosa en el tratamiento de información sensible y en sus procesos de supervisión.
Resolución 516/26: Modifica los anexos del sistema de transferencia de información de telecomunicaciones, de la resolución n° 2.099 exenta, de 2016, de SUBTEL
La Resolución tiene por objeto modificar los anexos del Sistema de Transferencia de Información de Telecomunicaciones (STI), que es el mecanismo mediante el cual los operadores reportan obligatoriamente información periódica a la autoridad.
La nueva resolución actualiza los formatos y contenidos de los reportes que deben enviar los prestadores (telefonía móvil, internet, TV, etc.), con el fin de incorporar información más detallada y útil para la regulación, especialmente tras la reforma legal que reconoció a Internet como servicio público en 2024. Asimismo, reemplaza varios anexos con la intención de mejorar la calidad y granularidad de los datos (por ejemplo, sobre inversión, empleo, acceso a internet y reclamos) y elimina otros que se consideran innecesarios. También establece un calendario gradual de entrada en vigor de estas nuevas obligaciones de reporte durante 2026.
En síntesis, se trata de una norma técnica-regulatoria que trata de fortalecer el sistema de información sectorial, permitiendo a la autoridad contar con mejores datos para supervisar el cumplimiento de obligaciones de servicio y diseñar políticas públicas en telecomunicaciones.
Resolución 8171: Modificación de las medidas para el fortalecimiento del Régimen de Protección de los Derechos de los Usuarios de los Servicios de Comunicaciones establecido en la Resolución CRC 5050 de 2016 y regulación de otros aspectos vinculados
La Resolución introduce modificaciones al Régimen de Protección de los Derechos de los Usuarios de servicios de comunicaciones (Resolución CRC 5050 de 2016), con el objetivo de simplificar la relación entre usuarios y operadores y fortalecer los mecanismos de protección. Entre los cambios más relevantes, se destacan medidas orientadas a facilitar la terminación de contratos, evitando barreras operativas o prácticas que dificulten la cancelación de servicios, así como el refuerzo de obligaciones de información clara y oportuna por parte de los proveedores.
Asimismo, la resolución incorpora ajustes en materia de transparencia y condiciones de prestación del servicio, incluyendo reglas más estrictas sobre la información que debe brindarse al usuario en facturación, ofertas comerciales y condiciones contractuales. Estas disposiciones buscan reducir asimetrías de información, mejorar la toma de decisiones por parte de los usuarios y fortalecer la confianza en el mercado, al tiempo que imponen mayores exigencias de cumplimiento a los operadores.
En términos de impacto, la resolución incrementa las obligaciones operativas y de cumplimiento para los prestadores de servicios de comunicaciones, particularmente en sus procesos comerciales, de atención al cliente y gestión contractual. Esto implica la necesidad de adecuar sistemas internos, canales de atención y prácticas comerciales para alinearse con los nuevos estándares regulatorios, con potencial impacto en costos operativos y en la gestión de la experiencia del usuario.
Finalmente, cabe señalar que la resolución no incorpora disposiciones específicas vinculadas a infraestructura de telecomunicaciones, tales como despliegue, acceso, compartición o uso de redes.
Resolución 746: Política Pública de Gestión del Espectro Radioeléctrico para el periodo 2026-2029.
La resolución regula de manera específica la gestión y asignación de recursos del sector TIC, estableciendo un marco detallado sobre las condiciones bajo las cuales estos pueden ser otorgados, utilizados y eventualmente revertidos. La norma fija criterios vinculados a la finalidad del recurso, su alineación con objetivos de conectividad y la necesidad de asegurar un uso eficiente y conforme a la política pública sectorial.
En cuanto a los criterios de asignación, la resolución incorpora parámetros que obligan a considerar aspectos como el uso efectivo del recurso, su aprovechamiento técnico y su coherencia con planes o necesidades del sector. Asimismo, prevé condiciones que deben cumplirse para acceder a estos recursos, incluyendo requisitos formales, documentación y validaciones por parte de la autoridad competente.
Respecto de las condiciones de uso, la norma establece que los recursos asignados deben ser utilizados exclusivamente para los fines autorizados, bajo parámetros previamente definidos por la autoridad. Se contemplan además supuestos en los cuales el uso indebido, la subutilización o el incumplimiento de las condiciones puede dar lugar a la modificación, suspensión o terminación de la asignación
En materia de control y seguimiento, la resolución introduce obligaciones de reporte periódico de información, permitiendo a la autoridad verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas. Asimismo, se prevén facultades para realizar verificaciones, requerir información adicional y adoptar medidas correctivas en caso de desviaciones respecto de los parámetros fijados.
Finalmente, la resolución delimita un esquema de consecuencias ante incumplimientos, que puede incluir desde ajustes en las condiciones de asignación hasta la revocatoria del recurso, conforme a la gravedad de la infracción y al impacto sobre los objetivos sectoriales.
Línea Decisional 8140: Necesidad de Identificación de elementos pertenecientes a las infraestructuras y redes de otros servicios susceptibles de ser compartidas.
La Línea Decisional tiene lugar en razón de una controversia entre ETB y UNE por la infraestructura elegible de compartición ubicada en el sector de Ciudad Salitre, Bogotá D.C., específicamente para determinar qué elementos de esa infraestructura estaban siendo utilizados por UNE y, por tanto, cuáles podían ser objeto de remuneración. La CRC identifica que el problema central del caso era la falta de un inventario conjunto suficientemente claro sobre la infraestructura utilizada.
El criterio principal que deja asentado la CRC es que, para aplicar el régimen de compartición de infraestructura, no basta con afirmar que existe uso de infraestructura ajena: es indispensable que los elementos susceptibles de compartición estén plenamente identificados, individualizados o inventariados. La CRC recuerda que la regulación solo considera compartibles ciertos elementos concretos de infraestructura elegible, como postes, torres y canalizaciones de determinados sectores, y a partir de ello concluye que la remuneración solo puede construirse sobre una base cierta de identificación de los elementos efectivamente usados.
La CRC también fija como criterio que la identificación debe ser material y técnicamente precisa. Por eso resalta que, en las solicitudes de acceso y uso, debe especificarse la ubicación geográfica de los elementos requeridos, sus características, los elementos que el solicitante instalará sobre esa infraestructura, su peso, su modo de fijación y la cantidad por punto. En otras palabras, la decisión deja claro que la compartición de infraestructura no puede manejarse con descripciones genéricas: exige trazabilidad concreta de qué infraestructura se usa y de qué elementos de telecomunicaciones se apoyan sobre ella.
Otro criterio relevante es que los elementos de telecomunicaciones instalados por el PRST sobre la infraestructura elegible deben estar debidamente marcados, porque esa marcación permite identificar al responsable de los mismos y vincularlos con el uso efectivo de la infraestructura. La CRC subraya que esta obligación no es accesoria: sirve justamente para facilitar la individualización de los elementos instalados y, con ello, la determinación de la infraestructura que será objeto de remuneración.
Sobre el caso concreto, la CRC ordena una secuencia precisa: primero, ETB debe identificar y validar nuevamente las características y ubicación geográfica de la infraestructura elegible en disputa; después, UNE debe identificar todos los elementos de telecomunicaciones instalados y apoyados directamente en esa infraestructura y asegurarse de que estén marcados conforme a la regulación; luego, ambas partes deben reunirse y construir un inventario conjunto final. Ese inventario debe incluir, como mínimo, el listado de elementos, su descripción, la unidad de medición para contabilizar la infraestructura pasiva objeto de compartición y los períodos en que UNE usó esa infraestructura. Recién sobre esa base inventariada se aplicará la remuneración correspondiente según la regulación aplicable a cada período.
En síntesis, esta línea decisional deja asentado que, en controversias sobre compartición de infraestructura, la CRC exige tres cosas: identificación precisa de la infraestructura elegible, identificación y marcación de los elementos de telecomunicaciones instalados sobre ella, y construcción de un inventario conjunto verificable como condición necesaria para definir qué debe remunerarse. Este sí es un criterio estrictamente vinculado a infraestructura, porque ordena cómo debe determinarse, individualizarse y valorarse la infraestructura pasiva compartida en un conflicto entre operadores
Acuerdo 574361: ACUERDO de la Dirección General de Concesiones, Autorizaciones y Registros de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones por el que se da a conocer la Convocatoria Pública para participar en el procedimiento para obtener la acreditación de perito en materia de telecomunicaciones y/o radiodifusión, una segunda especialidad o, en su caso, su revalidación correspondiente.
El objeto el Acuerdo es hacer pública la convocatoria para participar en el procedimiento de acreditación de peritos en materia de telecomunicaciones y/o radiodifusión, así como para obtener una segunda especialidad o la revalidación de una acreditación ya existente. Su objetivo inmediato no es cambiar reglas sustantivas del sector para peritos, sino abrir formalmente el proceso administrativo para reconocer y actualizar la habilitación de personas expertas que puedan actuar como especialistas en telecomunicaciones ante la autoridad. Este Acuerdo refuerza la importancia que la CRT le está dando a los profesionales capacitados y certificados en el sector.
Acuerdo 26022026: ACUERDO mediante el cual el pleno de la comisión reguladora de telecomunicaciones determina someter a consulta pública la propuesta regulatoria denominada “lineamientos generales para el otorgamiento de concesiones para uso social comunitarias, uso social indígenas y uso social afromexicanas previstas en la ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión”
Este acuerdo de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones de México tiene por objeto someter a consulta pública una propuesta de lineamientos generales para el otorgamiento y prórroga de concesiones para uso social comunitarias, uso social indígenas y uso social afromexicanas. Su objetivo es definir un marco procedimental y material más claro para la tramitación de estas concesiones, mediante formatos específicos según el tipo de título solicitado, requisitos de identificación de la interesada, acreditación de domicilio y representación, así como anexos técnicos en los casos que correspondan. La propuesta también distingue entre concesión única, concesión de espectro radioeléctrico para telecomunicaciones o radiodifusión y concesión de recursos orbitales, estructurando de manera diferenciada las condiciones aplicables a cada supuesto.
Su impacto es regulatorio y de ordenamiento procedimental, porque anticipa un esquema más estandarizado para el acceso a este tipo de concesiones y reduce la dispersión de criterios sobre cómo deben presentarse y evaluarse las solicitudes. Entre los elementos más relevantes, prevé que ciertas concesiones de espectro para uso social indígena y afromexicano se otorguen por asignación directa, hasta por 15 años, prorrogables por plazos iguales y sin contraprestación; y que, en materia de recursos orbitales, el plazo pueda llegar a 20 años bajo un esquema también de asignación directa y sin contraprestación.
Nueva convocatoria para impulsar consorcios de IA y ciencia de datos con foco productivo y exportador: La Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i) lanzó la convocatoria “Economía del Conocimiento con aplicación de I.A.”, orientada a promover la conformación de consorcios tecnológicos productivos, privados o público-privados, para el desarrollo, adopción e implementación de soluciones basadas en IA y ciencia de datos. La línea prevé un financiamiento máximo de USD 500.000 por proyecto, destinado a cubrir hasta el 80% del costo total, mientras que el 20% restante deberá ser aportado por los beneficiarios. Según la publicación oficial, las iniciativas deberán responder a demandas identificadas del sector productivo nacional y contribuir al fortalecimiento y expansión del perfil exportador de las empresas que integran el ecosistema de la economía del conocimiento. La convocatoria estará abierta hasta el 28 de abril de 2026 y las presentaciones deberán realizarse a través de la plataforma TAD, previa inscripción en el Registro de Potenciales Beneficiarios. Enlace
La Ciudad impulsa un Distrito de IA en el microcentro con un régimen de promoción para empresas y entidades tecnológicas: El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires informó el envío a la Legislatura porteña de un proyecto de ley para crear un Distrito de IA en el microcentro, con el objetivo de promover la radicación de empresas, universidades, escuelas técnicas, centros de investigación y organismos científico-tecnológicos vinculados al desarrollo, investigación, implementación especializada y comercialización de tecnologías de IA. El distrito abarcará el área comprendida entre las avenidas Belgrano, Paseo Colón/Leandro N. Alem, 9 de Julio y Santa Fe, y prevé un régimen de promoción económica con incentivos fiscales, beneficios financieros y facilidades regulatorias para las entidades que se instalen allí, incluyendo exenciones impositivas, líneas de crédito del Banco Ciudad y la creación de un sandbox regulatorio para el testeo de nuevas tecnologías. Enlace
Odata señala que México supera a Brasil en proyectos de data centers para IA en América Latina: En una entrevista publicada por Mobile Time, Odata sostuvo que México resulta actualmente más atractivo que Brasil para el desarrollo de proyectos de data centers orientados a IA, principalmente por su cercanía y conectividad con Estados Unidos en el contexto del nearshoring. La compañía indicó que prevé instalar en México su primer clúster de machine learning de América Latina durante el segundo semestre de 2026, aunque advirtió que ese mercado enfrenta limitaciones vinculadas a la capacidad energética, la concentración del sector eléctrico y la falta de inversiones en esa infraestructura. Respecto de Brasil, la empresa señaló que, si bien mantiene ventajas relevantes en materia energética y de estructura de mercado, los proyectos locales vinculados a IA se encuentran condicionados por factores regulatorios, tributarios y legislativos que, según el medio, están demorando decisiones de inversión. Enlace
La CCJ del Senado de Brasil aprobó nuevas reglas para el uso compartido de postes entre energía y telecomunicaciones: La Comisión de Constitución y Justicia del Senado de Brasil aprobó el PL 3.220/2019, que modifica las reglas para el uso compartido de postes y otras infraestructuras entre los sectores de energía eléctrica y telecomunicaciones. El texto fue aprobado en la forma de un sustituto que incorpora, entre otros puntos, un régimen transitorio de cinco años para la regularización de postes, la posibilidad de que el Poder Ejecutivo fije un valor máximo por el uso de los postes durante ese período, medidas de regularización voluntaria de ocupaciones irregulares y una delimitación más acotada del rol de los municipios en la fiscalización. El proyecto también redefine competencias entre Aneel y Anatel, prevé la figura de un tercero gestor de la infraestructura compartida, prohíbe tratamientos no isonómicos y subsidios cruzados entre sectores, y habilita el acceso a financiamiento para proyectos de regularización y modernización de redes aéreas y subterráneas Enlace
Brasil acelera el tratamiento legislativo de su proyecto de ley sobre competencia en mercados digitales: La Cámara de Diputados de Brasil aprobó el trámite de urgencia para el proyecto de ley 4.675/2025, impulsado por el gobierno federal, que establece un marco de fiscalización de la competencia en los mercados digitales bajo la órbita del Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE). La propuesta pasa directamente al Pleno sin análisis previo en comisiones, prevé la creación de una Superintendencia de Mercados Digitales y apunta a plataformas con facturación global superior a R$ 50.000 millones o ingresos en Brasil superiores a R$ 5.000 millones. El proyecto contempla obligaciones para plataformas con relevancia sistémica, entre ellas interoperabilidad, portabilidad de datos y transparencia, con el objetivo de abordar prácticas como la autopreferencia, el abuso de poder económico y la concentración de mercado. La publicación también señala que la iniciativa recibió cuestionamientos de asociaciones privadas, que advirtieron sobre posibles efectos en costos regulatorios, seguridad jurídica y el funcionamiento de empresas que dependen de servicios ofrecidos por grandes plataformas como las de Infraestructura y Telecomunicaciones. Enlace
Un nuevo impase fiscal en Brasil vuelve a poner en riesgo al régimen ReData: Las entidades de los sectores de tecnología, industria e infraestructura digital de Brasil intensificaron sus gestiones ante la Cámara de Diputados para modificar la redacción del PLP 77/2026, por considerar que su texto podría afectar la viabilidad del Régimen Especial de Tributación para Servicios de Data center (ReData). En particular, el cuestionamiento se centra en el artículo 1° del proyecto, que condiciona las excepciones a las restricciones fiscales al cumplimiento simultáneo de ciertos requisitos, lo que, según el sector, dificultaría el encuadre del régimen aplicable a data centers. Este escenario se suma a otros obstáculos recientes para el ReData, entre ellos una resolución del Gecex que elevó aranceles de importación para diversos equipos de TI, incluidos servidores, sistemas de almacenamiento y equipos de red, con alícuotas que en algunos casos llegan al 25%. Enlace
Omnia construirá en Brasil un data center de gran destinado a TikTok: Omnia, empresa de data centers controlada por Patria, se sumó al desarrollo de un proyecto de 50.000 millones de reales en el complejo portuario de Pecém, en Ceará, que tendría a TikTok como cliente principal. La iniciativa prevé una capacidad de consumo de 300 MW y operaciones a partir de 2027, con una inversión de 12.000 millones de reales a cargo de Omnia en infraestructura, mientras que el resto sería financiado por el cliente para equipamiento tecnológico. Asimismo, Casa dos Ventos participará como socia en el proyecto y destinará 3.500 millones de reales adicionales a nuevos parques eólicos para abastecer la demanda energética del centro de datos, que fue autorizado por el gobierno brasileño para prestar servicios de exportación de datos. Enlace
El gobierno de Gabriel Boric destacó avances en conectividad, 5G e infraestructura digital en Chile: Al cierre del mandato de Gabriel Boric, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones destacó entre sus principales hitos la promulgación de la ley que estableció Internet como servicio público, el aumento de la penetración y la velocidad de Internet, el despliegue acelerado de 5G, el avance del proyecto de cable submarino Humboldt y la implementación de conectividad satelital directa a celulares de Starlink en alianza con Entel. El gobierno reportó que 96,5% de los hogares tiene acceso a Internet fijo o móvil, que las estaciones base 5G pasaron de 723 a 8.390 y que la cobertura se amplió de 167 a 388 comunas, además de incluir otros avances como la expansión de la Fibra Óptica Nacional, iniciativas de última milla, el cumplimiento de obligaciones de cobertura por parte de WOM y la implementación de prefijos para identificar llamadas comerciales y spam. Enlace
La OCDE advierte riesgos para el sector telecomunicaciones en México tras la reforma institucional: El informe “OECD Economic Survey: México 2026” señala un alto nivel de concentración en los mercados móvil y fijo, costos de espectro por encima de la media internacional y barreras regulatorias superiores al promedio de la OCDE . También se advierten riesgos para la neutralidad competitiva por la participación de empresas estatales en el sector y por la posibilidad de asignar frecuencias comerciales a esas entidades, así como un debilitamiento de la autonomía regulatoria tras la reforma constitucional, en un contexto señalado por la revisión del T-MEC. Enlace
México busca alivio regulatorio y mayor agilidad administrativa para operadores de menor escala: La presidenta de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) de México, Norma Solano, anunció que el organismo trabaja en la simplificación de trámites para pequeños operadores, con el objetivo de agilizar procesos, reducir demoras administrativas y evitar la imposición de nuevas cargas regulatorias. En ese marco, adelantó que entre abril y mayo se presentarán nuevas regulaciones y plataformas diseñadas a partir de mesas de trabajo con operadores, incluyendo una plataforma de licitaciones dinámica y permanente para uso industrial de microondas, dentro de una estrategia orientada a facilitar el despliegue de infraestructura y servicios de conectividad en zonas donde los grandes operadores no llegan. Enlace
México pone el foco en espectro y cobertura para acelerar la expansión de 5G: La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) de México realizó una mesa de trabajo sobre el uso del espectro radioeléctrico para servicios 5G, en la que funcionarios del organismo remarcaron la necesidad de acelerar el despliegue de estas redes para ampliar la conectividad móvil y la inclusión digital, especialmente en zonas rurales y desatendidas. Durante el encuentro se destacó que el Programa Anual de Bandas de Frecuencias 2026 contempla espectro para usos comercial, público, privado y social en bandas como 600 MHz, 800 MHz, 1.9 GHz y 2.5 GHz, además de posibles usos en AWS y Banda L, mientras que el Plan Nacional de Licitaciones 2026 incluye procesos para conectividad industrial, enlaces de microondas y servicios 5G. Enlace
Las redes privadas y el 5G industrial ganan espacio como motor de nuevas inversiones sectoriales en México: El plan de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones para avanzar con nuevas concesiones de espectro para servicios móviles, coberturas rurales y, especialmente, redes privadas, está abriendo oportunidades de negocio en sectores más allá de las telecomunicaciones tradicionales. En ese marco, Generac -empresa de generadores destacados en el sector TELCO y Data Centers- destacó que la apertura regulatoria en torno a redes privadas, automatización, conectividad industrial y transmisión de datos de baja latencia puede impulsar nuevos proyectos en industrias como manufactura, minería, energía y servicios, aunque también remarcó que el desarrollo de ese ecosistema requerirá mayor certidumbre regulatoria y una infraestructura eléctrica más robusta para acompañar la expansión digital. Enlace
México articula cooperación entre competencia y telecomunicaciones para revisar el régimen de preponderancia: La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) y la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) firmaron un convenio para intercambiar información actualizada sobre los mercados de telecomunicaciones y radiodifusión en el marco de la Revisión Bienal de Medidas de Preponderancia. El acuerdo establece bases de coordinación, canales electrónicos y mecanismos de colaboración técnica para evaluar las medidas vigentes, suprimirlas, modificarlas o establecer nuevas, con el objetivo de preservar condiciones de competencia y libre concurrencia. En este proceso, América Móvil y Televisa continúan identificadas como agentes económicos preponderantes en telecomunicaciones y radiodifusión, respectivamente. Enlace
FBA LATAM premió a TELMEX en relación a su trabajo con Data Centers en Mexico: Telmex fue reconocida en Fiber Connect Latam 2026 con el premio “Excellence Award: Operador con Mayor Número de Data Centers”, en función de la escala de su infraestructura en el país. La compañía informó que cuenta con cinco centros de datos en operación y dos en expansión durante 2026, todos con certificación ICREA Nivel VI, y destacó que esta infraestructura está integrada directamente a su backbone nacional de telecomunicaciones. Ese esquema le permite ofrecer servicios con alta disponibilidad, menor latencia y conectividad homogénea a nivel nacional, complementados con soluciones de nube, ciberseguridad y servicios administrados. Enlace
El debate sobre precios y competencia móvil en Panamá vuelve a poner en foco la ausencia de un tercer operador: La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá afirmó que la estructura actual del mercado móvil, hoy operando como un duopolio de facto, requiere una revisión de fondo en términos de competencia, en medio de investigaciones administrativas sobre posibles aumentos injustificados en los planes de telefonía. El gremio remarcó que el marco normativo prevé un mercado con tres concesionarios y sostuvo que la falta de un tercer competidor afecta el equilibrio comercial, la presión sobre los precios y la calidad del servicio, mientras que la Acodeco analiza si los ajustes recientes responden a costos reales o a prácticas que puedan vulnerar los derechos de los consumidores. Enlace
Panamá lanza una licitación de largo plazo para estabilizar su sistema eléctrico y reducir la dependencia de combustibles líquidos: Panamá puso en marcha una licitación estratégica de largo plazo para asegurar potencia firme y energía hasta 2038, con el objetivo de reducir la exposición del sistema eléctrico a la volatilidad internacional de los combustibles fósiles y avanzar hacia una matriz más estable y diversificada. El proceso, ejecutado por Etesa, contempla tres renglones de contratación —potencia con energía asociada, solo potencia y solo energía—, incorpora un bloque para la reconversión de plantas térmicas y se inscribe en una hoja de ruta energética más amplia que incluye nuevas licitaciones entre 2026 y 2028, contratos a precio fijo y prioridad de abastecimiento para el mercado interno panameño.
Panamá articula ciencia y gestión pública para debatir políticas urbanas sostenibles: La Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) y el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial de Panamá realizaron el foro “Panamá: Hacia una ciudad sostenible”, un espacio de intercambio entre investigadores, técnicos y autoridades para formular recomendaciones orientadas al diseño de políticas públicas urbanas. La jornada se desarrolló en el marco de la iniciativa Senacyt Policy Briefs e incluyó presentaciones sobre planificación urbana, infraestructura, movilidad, bienestar urbano, acceso a la salud, vivienda resiliente, consumo de agua en la producción de hormigón, patrimonio cultural y espacios verdes, además de mesas de trabajo para definir prioridades de acción, investigación y cooperación entre la comunidad científica y las instituciones responsables de la toma de decisiones. Enlace
Panamá prepara una subasta energética para atraer inversiones en hidrógeno verde y almacenamiento: Panamá avanzará en 2026 con una subasta de energía orientada a captar alrededor de US$500 millones en inversiones para proyectos vinculados a hidrógeno verde y sistemas de almacenamiento BESS. El proceso contempla la instalación de plantas de generación solar y eólica integradas con estas tecnologías, dentro de una estrategia para incorporar nuevas fuentes de energía, fortalecer la capacidad del sistema eléctrico y promover proyectos de descarbonización con proyección industrial. Enlace